por una educación justa

Nuestro compromiso con una Educación justa.
La calidad de la educación es una preocupación general de toda nuestra sociedad. El fracaso escolar es relevante en Canarias y debería ser suficiente para concentrar esfuerzos en la búsqueda de soluciones. No obstante, somos conscientes de que, más allá de la preocupación inicial, no es fácil lograr una visión compartida del problema, ni definir líneas generales que permitan configurar una estrategia para su superación. La realidad es que la Educación no ha sido una prioridad de los Gobiernos de Coalición Canaria y venimos denunciando su nefasta gestión cargada de oscurantismo, descoordinación y despilfarro además de la progresiva reducción del gasto educativo de estos gobiernos de ATI.
El fracaso escolar no es un problema cualquiera, nos lastra de tal forma que por su propia naturaleza puede suponer un grave riesgo para el futuro de la sociedad canaria. Esta sociedad canaria arrastra todavía en educación un notable retraso. Es de justicia y además absolutamente estratégico que todos nuestros escolares alcancen un nivel de competencia y formación que les permita actuar como personas responsables, tanto en el ejercicio de su ciudadanía como en su dimensión personal, social y en su contribución al desarrollo económico.
El problema es, además de grave, complejo. Es verdad que llevamos muchos años bajo una muy mala gestión educativa de Gobiernos de Coalición Canaria que no han tenido proyecto educativo y, lo que es peor, no les ha importado porque sus prioridades estratégicas eran otras. Ahora bien, la sociedad debe saber que desde luego un problema de esta envergadura requiere un acuerdo mayor porque ninguna administración puede resolverlo por si misma. No es un problema que se pueda resolver con una sola medida. Sin embargo, sabemos que el problema es resoluble. Son muchos los lugares en los que se ha podido mejorar considerablemente el éxito escolar de los estudiantes, y, gracias a eso, sabemos que la solución del problema requiere competencia técnica, diálogo, compromiso y, sobre todo, una gran capacidad de liderazgo, condiciones, todas ellas, que no sea han dado en los últimos veinte años de gobiernos continuados de Coalición Canaria y el Partido Popular.
Nuestra propuesta, como toda iniciativa destinada a iniciar un diálogo entre fuerzas sociales y políticas, es una propuesta de mínimos comunes y cuyo principio inspirador no es otro que el deseo, compartido, de una educación más justa. No se trata de proponer un programa de gobierno alternativo, sino de impulsar un conjunto de acciones que puedan generar un grado de consenso suficiente entre todos los agentes educativos que permita superar la dificilísima situación actual.
1.- La educación: un compromiso de todos
El bien más preciado para el funcionamiento de cualquier servicio público es la confianza, sin un nivel de confianza suficiente, cualquier medida que se adopte (por muy bien intencionada que sea) puede resultar ineficaz. Necesitamos recuperar y mejorar la confianza en la educación como servicio público y para ello nada mejor que renovar nuestro compromiso a través del diálogo, la participación y la asunción de responsabilidades compartidas. Necesitamos una visión compartida del problema y la definición de una estrategia basada en la corresponsabilidad.
2.- Un desarrollo adaptado de la LOE
Creemos que es necesario desarrollar el marco legislativo nacional y, especialmente, la Ley Orgánica de Educación, de forma que, preservando la unidad del sistema, pueda adaptarse a las singularidades y a las necesidades de la sociedad canaria y pueda contribuir activamente a mejorar el éxito educativo en todas las enseñanza, tanto no universitarias como universitarias, haciendo de la educación un motor de progreso personal, social, cultural y económico en consonancia con lo establecido tanto en el Espacio Europeo de Aprendizaje Permanente como del Espacio Europeo de Educación Superior
3.- Un aumento de la inversión y una mejora en la gestión de la educación.
Para adaptar el nuevo sistema educativo a las necesidades y características de Canarias, no sólo necesitamos recuperar la confianza y renovar nuestro compromiso con la educación, necesitamos, además, un ordenamiento adecuado, una mejor gestión y ampliar la inversión en educación que Coalición Canaria ha venido reduciendo en los últimos años. Estamos convencidos, como lo están la mayor parte de los países de la OCDE, que el costo en la superación del fracaso debe ser valorado como un “seguro” contra gastos mayores. Por eso, los socialistas estamos comprometidos con el aumento de la inversión en educación hasta lograr una inversión equivalente al 6,5% del PIB y a lograr que la sociedad canaria comprenda y comparta la necesidad de este esfuerzo inversor. Además apostar por la planificación y la coordinación porque los Gobiernos de Coalición Canaria muestran de forma paradigmática que con los recursos en presencia se debía haber hecho mucho más y, además, los graves problemas que se generan cuando no hay proyecto ni planificación. Lo más grave es que al final son nuestros escolares los que cargan con las consecuencias de la ineficacia y la irresponsabilidad.
4.- La mejora continua de las instituciones, servicios y profesionales de la educación, superando las desigualdades laborales.
La calidad de educación es para nosotros, la capacidad que el sistema educativo tiene para ofrecer a cada estudiante la respuesta educativa que necesita y esto supone un gran esfuerzo para armonizar las condiciones institucionales y los modos de enseñanza.
No es aceptable en democracia que se haya jugado a la humillación pública de los profesionales y al “no sabe no contesta” con un colectivo de magníficos profesionales. Los socialistas consideramos gravísimo que la solución para el conflicto del Presidente Rivero haya sido “pudrirlo” por desgaste e inacción. Tampoco creemos que sea una buena idea ni traiga nada bueno la amenaza de los sindicatos de la judicialización de este conflicto. Indudablemente estamos situados en los estertores de una forma de hacer política que ha marcado muy negativamente la última década de Canarias.
Como bien hemos afirmado es necesario hacer un esfuerzo, se puede completar en el medio plazo de dos legislaturas, para superar las desigualdades salariales entre los educadores y el resto de los funcionarios haciendo efectivo el derecho, reconocido en la Ley, a la homologación. Cierto es que la ley que permitió la homologación de los educadores no universitarios, tenía un periodo de vigencia, pero el derecho que reconoció sigue vigente y situado en el ámbito de la calidad docente y de la redefinición del status social y profesional de los docentes. Como bien ha afirmado Juan Fernando López Aguilar “podemos y debemos hacerlo porque la Educación es una de nuestras prioridades”. Hemos pedido a este mal Gobierno de Canarias, cuyas señas de identidad en educación son oscurantismo, descoordinación y despilfarro que dialogue y hemos mostrado claramente nuestra convicción de que este conflicto hay que abordarlo volando alto, con perspectiva de futuro y con un gran compromiso compartido.
Juan Ramón Rodriguez- Drincourt Alvarez ( Portavoz de Educación del PSC_PSOE en el Parlamento de Canarias.
Nina Santana Dumpiérrez (Secretaria regional de Educación y Senadora por Gran Canaria del PSC-PSOE)